Para unos, permitir la minería metálica es una oportunidad “de oro” para que El Salvador salga del subdesarrollo. Para otros, es como firmar su sentencia de muerte.
Actualmente, 26 permisos de exploración siguen vigentes y en manos de nueve empresas. Ninguna ha sido autorizada aún para explotar, a pesar de que algunas ya solicitaron el permiso al Ministerio de Medio Ambiente hace más de dos años.
Desde enero de 2007, un grupo de diputados estudia un nuevo proyecto de ley de minería que sustituiría a la ley vigente desde 2005, y que en cualquier momento podría ser llevada al pleno y ser aprobada con los votos del PCN y ARENA.
Sin embargo, la iniciativa no ha sido discutida con la seriedad y profundidad que amerita, debido a intereses políticos y económicos en juego. Es por eso que diferentes instituciones hacen un llamado para discutirlo lo más pronto posible y enrumbarse en el mejor camino posible.
En el interior del país, los habitantes de los caseríos cercanos a los proyectos de exploración debaten entre la esperanza de tener un empleo mejor pagado que las labores agrícolas y los llamados de organizaciones no gubernamentales que les advierten que la minería es una amenaza al ambiente y a sus vidas.
Ajenos a esa incertidumbre, entre los viejos túneles de las minas de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, los “güiriseros” pican la piedra que se desmorona sobre sus cabezas, la llevan al exterior y, bajo una carpa de plástico y varas de bambú, pican el material con delicadeza y paciencia. “Aquí dependemos de esa tierra que está ahí”, dice Fausto Molina (nombre ficticio), un “güirisero” que junto a otros vigila el lugar para la Commerce Group Corp. y pide no publicar su fotografía porque ha recibido instrucciones de no dejar entrar extraños al lugar ni dar información.
Fausto tiene 47 años de edad y 30 de extraer material de las minas de San Sebastián. Los túneles a los que él y sus compañeros dan mantenimiento obligan a bajar la cabeza a quien mida más de 1.40 metros y se aventure a entrar en ellos. El ambiente ahí es cálido y tan desesperante como caminar agachado. La lámpara de carburo del guía marca el paso.
Entre los güiriseros como Fausto, las advertencias de las ONG ambientalistas no han sido bienvenidas. Fausto explica su posición: “¿Qué de malo tendría que hubiera una fuente de trabajo. Varias organizaciones, varia gente dice “nos vamos a morir”, pero ¿quién se salva de la muerte?”.
Así, el trabajo subterráneo de Fausto es una metáfora de la forma poco transparente en la que se ha discutido el tema.
Desde hace seis meses, los salvadoreños se desayunan con una campaña radial que con cuñas de 30 segundos intenta convencerlos de las bondades de “la minería verde”.
Hasta hace un par de semanas, la misa dominical en la Catedral Metropolitana era interrumpida por las voces de supuestos miembros de la “Mesa a favor de la minería”, que con carteles dedicados a la minería verde exigían, al Arzobispo de San Salvador, cambiar de parecer frente a este tema. Él, como presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, ha advertido el peligro que la minería, mal manejada, representa para los recursos naturales del país y para la salud de la población.
Ante este escenario, El Diario de Hoy se propuso abordar el tema de la minería a partir de una serie de preguntas: ¿Qué ganará y qué perderá El Salvador con la minería aurífera?, ¿Por qué se opone la Iglesia católica a dicha actividad?, ¿Está preparado este país para garantizar que la minería metálica sea sostenible económica y ambientalmente?, ¿Es permisiva o no la propuesta de ley?, ¿Cómo podríamos mejorarla? y ¿Existe o no la minería verde?
Gris y sobre más fango que agua, está la presa del río Santa Rosa, construida en 1904 por la compañía Gold Miners. Al menos así se lo contaron a Secundino Osorto, de 75 años, quien sentado sobre un muro lateral de la presa asegura que cuando retornó la actividad minera con una compañía extranjera en los años 50, él trabajó como palero, maquinista, carpintero y capataz. Ahora, cómo síndico de la Adesco de San Sebastián, se pronuncia en favor de la industria minera.
Su vecino José Lelis Delgado tampoco está en contra. Este agricultor asegura que la industria minera que hubo en la zona no causó ningún tipo de daño al ambiente: “Lo del cianuro, eso ya es historia, ya no”, afirma. Al escucharlo, un miembro del Comité Ambiental de la zona lo contradice, afirmando que en el río Santa Rosa no hay vida acuática debido a los restos de cianuro. “porque tarda años, años en que se disipe”. Pero Delgado refuta ese argumento: “Pero tiene 10 años de estar trepando pescado”.
La misma diferencia de opiniones se encuentra a lo largo de la zona norte del país. Esto se explica porque mientras durante mucho tiempo el Gobierno ha evitado discutir abiertamente con todos los interesados -empresas y comunidades- el tema, la autodenominada “mesa contra la minería”, que incluye a la Caritas católica, ha creado comités ambientales llamando a oponerse a esta actividad.
Ante ese panorama, el director de Salvanatura, Juan Marco Álvarez, afirma: “Algo crítico acá es que los diferentes actores sociales discutan de forma abierta los pro y los contra de la minería”.
Álvarez reconoce que la actividad minera tiene un alto impacto en el medio ambiente y que si una mina no opera correctamente puede tener efectos ambientales importantes a largo plazo. “Sin embargo - continúa - con un debido proceso de planificación y condicionamiento ambiental y dentro de un marco de participación y transparencia podría ser posible ejecutar la minería”.
Más que anuncios de radio que nos digan en qué países de izquierda hay minería metálica, Álvarez cree necesario tener una evaluación ambiental estratégica y conocer cómo funcionan las minas en otros países de Latinoamérica antes de aprobar una nueva ley de minería y de decidir si cerrarle las puertas a esta actividad o prepararnos para vivir con ella.
La toxicóloga del Hospital Nacional San Rafael, Alfonsina Chicas, explicó que cualquier metal expuesto al medio ambiente se oxida. “Los óxidos de cobre y mercurio pueden ser rojos... Esa agua no permite la vida”, indicó.
Cites local gestionó retorno El Diario de Hoy/ 16 de Noviembre de 2007 » La burocracia y la falta de recursos favorecieron la muerte de 31 especímenes | |
El 6 de octubre pasado, desperfectos mecánicos y una mala maniobra provocaron que un autobús placas de Nicaragua 093020 quedara atascado en la carretera que de El Amatillo conduce hacia El Sauce, en el departamento de La Unión. El automotor causó un embotellamiento en la vía, por lo que el equipo 01-1129 de la División de Fronteras arribó al lugar para ayudar a las 4:30 de la tarde.
Una vez junto al bus, los agentes escucharon murmullos provenientes de la parrilla donde los pasajeros acostumbran acomodar sus equipajes
El murmullo se hizo gorgojeo y quejido cuando los agentes encontraron tres sacos de nylon colocados en el hueco de una llanta de repuesto. Los revisaron y tras ver que su contenido parecía ilegal preguntaron a quién pertenecía ese "equipaje", pero nadie respondió. Entonces, la policía se incautó el contenido: 43 aves Aratinga protegidas por el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites). Tratado internacional que Centroamérica se comprometió a respetar aún más cuando firmó el CAFTA.
El calvario de este grupo de aves víctimas del tráfico ilegal de especies no terminó ahí. Un día después, en la delegación de la Policía de Medio Ambiente de Nueva Guadalupe se levantaba un acta para hacer constar que cuatro de las 43 aves incautadas habían muerto. Según la policía debido al hacinamiento y la deshidratación sufridas durante su viaje forzado. Los restos fueron abandonados en un tramo de la Ruta Militar a la altura de Jocoro.
Las 39 aves aún con vida fueron entregadas al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que dos semanas después entregó 15 especímenes a la oficina de Cites en el Ministerio de Agricultura. Entre las 15 aves recibidas se encontraron tres sin vida. Del grupo de aquellas "ilegales" sólo 12 lograron sobrevivir para ser entregadas a las autoridades Cites de Nicaragua.
El procedimiento, realizado el 31 de octubre, puede catalogarse de histórico, pues es la primera vez que la oficina Cites de El Salvador devuelve a un similar centroamericano especímenes víctimas del tráfico.
Confusión AmbientalTras la primera repatriación de especímenes víctimas del tráfico efectuada entre las Cites de El Salvador y Nicaragua, el cooridnador de Cites El Salvador, Ricardo Vaquero, tiene algunas preguntas.
"¿Por qué la PNC entregó las aves al MARN?". El proceder de la policía ambiental, en este caso, contradice el artículo 42 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre que estipula que los decomisos por tráfico deben ser entregados a Cites.
La respuesta está en la aplicación práctica de ley. La PNC debe entregar los animales decomisados por tenencia ilegal al MARN y a Cites (dependencia MAG) los decomisados por el delito de tráfico y comercio.
Y cuando la PNC encuentra a una persona ofreciendo animales silvestre en flagrancia no hay duda de que al decomisarlos deben entregarse a Cites. Pero, si los agentes encuentran un saco lleno de aves abandonado en un bus, tienen problemas para determinar si ese es tráfico.
Pero, surge otra interrogante: ¿Por qué murieron 24 especímenes mientras estuvieron a cargo del MARN? La respuesta, según Vaquero, es que aunque el MARN posee biólogos, estos no han adquirido los conocimientos suficientes sobre el manejo y trato adecuado de los animales silvestres que la PNC suele decomisar.
Vaquero sostiene que Medio Ambiente y Cites no deberían competir por el manejo y cuido de los animales decomisados, sino coordinarse. Sin embargo, la ley los convierte en competidores. La muerte del 72% de las aves rescatadas en este caso pone en evidencia, una vez más, la falta de recursos en la División de Medio Ambiente de la PNC, el MARN y Cites para atender adecuadamente los especímenes arrancados de las manos de los traficantes. Así pues, para las víctimas del tráfico, ser rescatadas no garantiza evadir la muerte.
No obstante, el representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) en Chinandega, Jorge Mayorga Díaz, considera que las oficinas Cites de América Central cumplen su misión: "Están defendiendo la fauna de los países de Latinoamérica".
